Real Decreto 799/2025, de 9 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de la subvención a la Asociación Red Innpulso-Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN).
¿Qué dice esta ley?
**El Gobierno financia la Red de Ciudades de la Ciencia** El Estado otorga dinero público directamente a ARINN, una asociación que conecta ciudades españolas para impulsar proyectos científicos e innovadores. Es una subvención sin concurso competitivo: el Gobierno elige directamente a quién dar el dinero, en lugar de abrir un proceso donde varias organizaciones presenten solicitudes. **Afecta a entidades locales y centros de investigación** Los beneficiados principales son ayuntamientos y ciudades que integran esta red, junto con universidades y centros de investigación. También impacta indirectamente en ciudadanos de municipios participantes que acceden a programas de ciencia e innovación locales. **Se fortalece la colaboración entre ciudades en ciencia** ARINN obtiene financiación estatal para coordinar actividades científicas entre ciudades, promover emprendimiento innovador y conectar investigadores con empresas. Esto permite que municipios más pequeños se beneficien de proyectos que de otro modo no podrían costear solos. **Entra en vigor el 10 de septiembre de 2025** La subvención se aprueba desde esta fecha. ARINN puede comenzar a ejecutar sus planes de trabajo con presupuesto garantizado por el Estado.
💬 Contexto ciudadano
La Red Innpulso agrupa municipios españoles comprometidos con la economía del conocimiento, en la línea de iniciativas europeas como las Smart Specialisation Strategies promovidas por la Comisión Europea. Su financiación estatal directa, sin concurso, la posiciona de manera similar a otras redes estratégicas como la Red Española de Ciudades Inteligentes o la Red de Ciudades Creativas UNESCO. La diferencia con ejercicios anteriores radica en la formalización jurídica vía Real Decreto, lo que dota de mayor estabilidad presupuestaria a la organización. El modelo contrasta con el anglosajón, donde estas redes dependen en mayor medida de fundaciones privadas o de financiación local; en España la cobertura estatal asegura continuidad pero genera dependencia institucional que puede condicionar la agenda de los municipios participantes.