Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que regula el Tercer Sector Social de Extremadura, es decir, las organizaciones sin ánimo de lucro que nacen de iniciativas ciudadanas o sociales para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social. Incluye asociaciones, cooperativas y fundaciones que trabajan en servicios sociales, empleo e inclusión. **¿A quién afecta?** Afecta a las organizaciones sin ánimo de lucro del Tercer Sector (asociaciones, fundaciones, cooperativas), a sus redes y federaciones, y a la Administración de Extremadura. También impacta indirectamente en los ciudadanos que reciben servicios de estas organizaciones, especialmente personas con discapacidad, en riesgo de pobreza o exclusión social. **¿Qué cambia o establece?** La ley reconoce oficialmente la importancia de estas organizaciones en la sociedad extremeña y fortalece su participación en decisiones sobre políticas públicas. Establece que el Tercer Sector debe participar en órganos como la Mesa del Diálogo Civil, el Consejo Económico y Social, y otros consejos de participación. También formaliza la colaboración entre estas organizaciones y la administración pública para mejorar los servicios sociales y crear empleo.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2018, Extremadura carecía de regulación específica e integral para el Tercer Sector Social, aunque estas organizaciones operaban bajo normativa fragmentada de asociaciones y cooperativas. La ley se alinea con un movimiento autonómico creciente—Castilla y León, Cataluña y otras CCAA ya contaban con marcos propios—y complementa la normativa estatal dispersa (Ley 49/2002 sobre régimen fiscal). Aunque no todas las comunidades poseen leyes integrales del Tercer Sector, Extremadura se suma ahora a las que lo han formalizado, reconociendo estas entidades como interlocutores en decisiones públicas. Esto importa al ciudadano porque institucionaliza la participación de estas organizaciones en servicios esenciales de atención social, garantiza canales de diálogo con la administración y mejora la coordinación de políticas inclusivas, beneficiando especialmente a personas en vulnerabilidad que dependen de estos servicios.