Orden PCI/26/2019, de 21 de enero, por la que se crea la Comisión Asesora del II Plan de Derechos Humanos.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Se crea la Comisión Asesora para la elaboración y seguimiento del II Plan de Derechos Humanos (2019-2023). Es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, formado por expertos y representantes de organizaciones e institutos universitarios especializados en derechos humanos. **¿A quién afecta?** Afecta al Ministerio de la Presidencia, que la adscribe y gestiona, a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a los institutos universitarios de derechos humanos, y a los departamentos ministeriales que pueden ser invitados a participar. También se informa al Defensor del Pueblo de todas sus reuniones. **¿Qué cambia o establece?** Establece que la Comisión asesorará en la elaboración del II Plan de Derechos Humanos; se reunirá ordinariamente dos veces al año; estará presidida por el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; tendrá nueve vocales (dos del ministerio, cinco expertos acreditados, uno de ONG, uno de institutos universitarios); y se extinguirá una vez cumplidos sus objetivos sin aumentar el gasto público. Deroga la Orden anterior de 2009 sobre el Plan de Derechos Humanos.
💬 Contexto ciudadano
La Orden PCI/26/2019 actualiza el marco institucional español de derechos humanos tras diez años de vigencia de la anterior Orden de 2009. España adopta un modelo de planificación estratégica presente en otras democracias europeas y recomendado por instrumentos internacionales como los Principios de París, mediante planes plurianuales con seguimiento colegiado. Esta nueva comisión formaliza la participación de expertos universitarios, ONG especializadas y organismos estatales, reflejando un enfoque de gobernanza participativa que caracteriza las políticas de derechos humanos en la UE. Para el ciudadano, implica mayor legitimidad y coherencia en las políticas públicas sobre derechos fundamentales, al involucrar a actores independientes en su evaluación y continuidad más allá de cambios gubernamentales.