Ley Foral 26/2018, de 13 de diciembre, por la que se concede un crédito extraordinario en el Presupuesto de Gastos de 2018 por importe de 35.546.085 euros para la realización de inversiones financieramente sostenibles previstas en la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que autoriza al Gobierno de Navarra a gastar 35.546.085 euros adicionales en 2018 que no estaban presupuestados inicialmente. Este dinero extra se dedica a inversiones que ya estaban aprobadas en la Ley Foral 19/2018, principalmente para mejorar infraestructuras en municipios y ampliar la banda ancha en zonas rurales. **¿A quién afecta?** Afecta a la Comunidad Foral de Navarra y a los municipios navarros, que recibirán inversión en proyectos de pavimentación, redes de agua y saneamiento, alumbrado público, arreglo de dotaciones municipales y mejora de caminos, así como en infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha. **¿Qué cambia o establece?** Establece que se crean nuevas partidas presupuestarias para estos proyectos y se distribuyen los 35.546.085 euros entre ellas: 9.840.000 para banda ancha, 9.176.115 para pavimentación con redes, 10.342.486 para redes de agua y saneamiento, y cantidades menores para otros proyectos. El dinero procede del remanente de tesorería disponible en 2018.
💬 Contexto ciudadano
Este crédito extraordinario se inscribe en un mecanismo presupuestario común en España: cuando los presupuestos iniciales resultan insuficientes para financiar inversiones previamente autorizadas, se abre una partida extraordinaria cargada contra remanentes de tesorería. Navarra, como todas las CCAA, dispone de esta herramienta regulada en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Frente a la inversión pública de otras regiones, destaca el énfasis navarro en banda ancha rural (28% del presupuesto extraordinario) y servicios municipales básicos, un patrón similar al de Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque con menor volumen. La digitalización rural ha sido una prioridad europea desde las directivas de conectividad digital, y Navarra asumió esta obligación antes que muchas CCAA. Para el ciudadano navarro, especialmente rural, supone acceso efectivo a servicios de agua, saneamiento e Internet de banda ancha que la inversión ordinaria no cubría, reduciendo la brecha digital y mejorando calidad de vida en territorios periféricos.