Ley 13/2018, de 29 de noviembre, de Comunicación y Publicidad Institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley que regula cómo las administraciones públicas de la Región de Murcia pueden hacer publicidad y campañas de comunicación. Establece que toda la publicidad institucional debe estar al servicio de los ciudadanos, informando sobre servicios y actividades del gobierno, y nunca debe usarse para destacar los logros políticos del gobierno que la promueve. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las administraciones públicas de Murcia que hagan publicidad o campañas de comunicación (el Gobierno regional, organismos públicos y entidades dependientes). También afecta a los ciudadanos, que tienen derecho a recibir información veraz, transparente y útil sobre los servicios públicos. Y afecta a las empresas de publicidad y comunicación que contraten con la administración. **¿Qué cambia o establece?** Establece que toda campaña institucional debe cumplir principios de veracidad, objetividad, transparencia y lealtad institucional. Prohíbe las campañas que destaquen logros del gobierno, que sean discriminatorias o sexistas, o que inciten a violencia. Exige que todas las campañas se identifiquen claramente como institucionales, que usen el gasto público de forma eficiente, y que sean accesibles para personas con discapacidad.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2018, Murcia carecía de regulación específica sobre comunicación institucional, confiando en disposiciones generales de leyes administrativas. La Ley 13/2018 representa un avance similar al de otras CCAA como Cataluña o Valencia, alineándose con estándares estatales de transparencia y directivas UE sobre publicidad veraz (2005/29/CE). Comunidades como Castilla y León y Andalucía también han adoptado normas similares. Su importancia radica en establecer límites explícitos al uso propagandístico del gasto público, protegiendo al ciudadano de campañas partidistas disfrazadas de información institucional, mientras garantiza servicios públicos comunicados con claridad y veracidad, consolidando la lealtad institucional como principio ejecutable.