Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Building Information Modelling (BIM) es una metodología de trabajo que digitaliza y colabora entre los agentes involucrados en todo el ciclo de vida de una edificación o infraestructura. Controla y gestiona la información desde las fases iniciales de diseño hasta el mantenimiento futuro. Su objetivo es mejorar la eficiencia de la inversión pública, reducir riesgos e incertidumbres, aumentar la calidad, mejorar la gestión documental y prolongar la vida útil de las instalaciones. **¿A quién afecta?** Afecta a la Administración General del Estado, a las entidades públicas institucionales que realicen contratación pública, y a los operadores económicos (empresas y profesionales) que participen en estos contratos. Estos últimos deberán adecuarse al uso de las herramientas BIM cuando se les exija en los procesos de licitación pública. **¿Qué cambia o establece?** Crea una Comisión Interministerial para incorporar la metodología BIM en la contratación pública de forma coordinada y segura. Permite que los órganos de contratación exijan el uso de herramientas BIM en sus procesos, aunque debe ofrecerse acceso alternativo hasta que estas herramientas estén generalmente disponibles. También establece que el ciclo de vida será un factor a considerar en los criterios de adjudicación de contratos públicos.
💬 Contexto ciudadano
Antes del RD 1515/2018, la contratación pública española carecía de estándares metodológicos digitales uniformes, generando ineficiencias y fragmentación entre administraciones. Este decreto responde a la Directiva 2014/24/UE, que instaba a los Estados miembros a incorporar BIM; varios países europeos ya tenían marcos implementados (Reino Unido desde 2016, Francia desde 2017). España, mediante esta norma, crea un marco coordinado nacional, aunque su aplicación es gradual y facultativa hasta que las herramientas sean generalmente disponibles. Las comunidades autónomas mantienen competencias en construcción y pueden desarrollar normativa complementaria. Para el ciudadano, esto significa mayor transparencia y eficiencia en el gasto de obras públicas: proyectos mejor planificados, menos sobrecostes, tiempos más predecibles y edificaciones de mayor calidad y durabilidad. La inversión pública en infraestructuras se gestiona con menos riesgos e incertidumbre mediante la trazabilidad completa del ciclo de vida.