Resolución de 23 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado, por el que adecua a la nueva reestructuración ministerial el acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una resolución que publica un acuerdo actualizado de las Mesas de Negociación de la Administración Pública estatal. Estas mesas son espacios donde la Administración negocia con los sindicatos sobre condiciones de trabajo, recursos y estructura. El acuerdo que se publica ahora adapta uno anterior a los cambios de ministerios que ocurrieron en 2018. **¿A quién afecta?** Afecta a los empleados públicos (funcionarios) de la Administración General del Estado y a las organizaciones sindicales que los representan (CSIF, CCOO, UGT, USO y CIG). Concretamente, determina cómo se distribuyen los recursos para la negociación y qué ministerios y organismos públicos están incluidos en este sistema. **¿Qué cambia o establece?** El acuerdo mantiene 40 horas mensuales de crédito para cada representante sindical en las mesas de negociación, y actualiza la lista de ministerios y organismos públicos que están cubiertos por este acuerdo, reflejando la nueva estructura ministerial creada en 2018. También modifica varios anexos técnicos con la nueva organización de los departamentos.
💬 Contexto ciudadano
Este acuerdo actualiza el marco de negociación colectiva de la Administración General del Estado tras la reestructuración ministerial de 2018, manteniendo la estructura de mesas negociadoras preexistentes. Mientras algunas comunidades autónomas poseen sistemas de diálogo social menos formalizados, la negociación en la AGE se alinea con estándares europeos establecidos en directivas UE sobre participación laboral. El acuerdo fue aprobado por actores negociadores (Administración y sindicatos mayoritarios: CCOO, UGT, CSIF, USO y CIG), vinculante para toda la administración estatal. Para el ciudadano importa porque asegura estabilidad en condiciones de empleo público, repercutiendo en continuidad y calidad de servicios administrativos esenciales, además de impactar la gestión presupuestaria de recursos públicos.