Ley OrdinariaNacionalvigente

Ley 6/2018, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2019-859Publicada: 25/01/2019COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una ley que modifica cómo se organiza y funciona la radio y televisión pública de Canarias. Actualiza la ley anterior de 2014 para mejorar la gestión de estos servicios públicos, haciéndola más eficiente y con mejor control del Parlamento. **¿A quién afecta?** Afecta a la Radio y Televisión Públicas de Canarias (RTVC), institución responsable de emitir contenidos. También afecta a los ciudadanos canarios, especialmente a quienes viven en el extranjero, como Venezuela o Cuba, pues la ley amplía el objetivo de llegar a estos territorios con más recursos digitales. Además, afecta al Parlamento de Canarias que tendrá mayor control sobre estos servicios. **¿Qué cambia o establece?** Cambia los nombres de los órganos directivos: el "Consejo Rector" pasa a llamarse "Junta de Control" y la "Presidencia" pasa a "Dirección General". Establece que la cobertura debe incluir nuevas tecnologías y redes sociales, no solo televisión y radio tradicionales. Define principios que debe cumplir: información objetiva e imparcial, protección de menores, promoción de la igualdad de género, difusión de la cultura canaria, y respeto por el medio ambiente, entre otros.

💬 Contexto ciudadano

Canarias disponía desde 2014 de un marco normativo para la RTVC, pero la Ley 6/2018 moderniza su estructura administrativa y amplía funciones en el entorno digital, alineándose con reformas que otras autonomías como Cataluña o Murcia han implementado en sus entes audiovisuales. Mientras la normativa estatal sobre radio y televisión sigue siendo la Ley General Audiovisual 7/2010, esta reforma introduce requisitos de transparencia y control parlamentario más rigurosos. Resulta relevante porque mejora la accountability de la televisión pública, extiende cobertura a comunidades españolas en el extranjero —crucial en contextos de migración hacia Venezuela o Cuba— y adapta servicios públicos a nuevas plataformas digitales, garantizando que la información objetiva llegue por múltiples canales, no solo transmisión tradicional.

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