Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que crea la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación —un órgano donde los alcaldes y presidentes provinciales pueden colaborar con el Gobierno autonómico— y que regula los derechos y deberes de los miembros de las administraciones locales, así como el derecho de los ciudadanos a estar informados en los plenos. **¿A quién afecta?** A los alcaldes, concejales, presidentes de diputación y diputados provinciales, porque establece sus derechos (acceder a información, participar a distancia si están de baja por maternidad o enfermedad grave) y sus obligaciones (guardar reserva sobre cierta información, cumplir normas de incompatibilidades). También afecta a los ciudadanos, que tienen derecho a asistir a los plenos y que se difundan sus contenidos. **¿Qué cambia o establece?** Crea un espacio de colaboración entre el Gobierno autonómico y los gobiernos locales para evitar que haya políticas contradictoras entre ellos. Reconoce derechos a los miembros locales como acceder a documentación administrativa, recibir información y grabar las sesiones. Establece que los plenos sean públicos y que se registren, salvo excepciones. Exige a los representantes locales cumplir principios de transparencia, imparcialidad y códigos de conducta aprobados por cada administración local.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta ley, los mecanismos de colaboración entre la Generalitat y gobiernos locales carecían de formalización institucional, mientras que los derechos de los representantes locales estaban dispersos en normativa anterior. Comparativamente, otras comunidades autónomas han desarrollado conferencias similares, pero esta ley innova al blindar derechos específicos (participación remota por maternidad o enfermedad grave) ausentes en la LBRL estatal, alineándose con estándares de la UE sobre transparencia y paridad. A nivel autonómico, es pionera en esta regulación integral; otras CCAA carecen de normas equivalentes tan exhaustivas. Para el ciudadano, importa fundamentalmente porque garantiza el carácter público de los plenos locales, acceso a información administrativo y auditoría ciudadana de la administración más próxima, reforzando el derecho a la participación democrática y la transparencia en gobiernos locales.