Real Decreto 7/2019, de 18 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 6/1994, de 14 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial de Turismo.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una modificación de la norma que crea la Comisión Interministerial de Turismo. Esta Comisión es un órgano donde participan varios ministerios para coordinar las políticas de turismo en el Estado. El Real Decreto 7/2019 la adapta a la nueva estructura de ministerios que existía desde 2018. **¿A quién afecta?** Afecta a la organización y funcionamiento interno de los ministerios que forman parte de esta Comisión. No afecta derechos ni deberes de los ciudadanos. Tan solo reorganiza cómo cooperan entre sí varios ministerios para gestionar el sector turístico. **¿Qué cambia o establece?** Actualiza quién preside la Comisión (ahora la Ministra de Industria, Comercio y Turismo) y a quién representa cada ministerio en ella. Establece que la Comisión funcione con los ministerios existentes en 2019 (Exteriores, Justicia, Defensa, Hacienda, Interior, Fomento, Educación, Trabajo, Agricultura, Presidencia, Política Territorial, Transición Ecológica, Cultura, Economía, Sanidad y Ciencia). También define cómo trabajará su Comisión Permanente y quién la preside. Todo entra en vigor el mismo día de su publicación.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 7/2019 actualiza un instrumento de coordinación preexistente desde 1994, adecuando la composición ministerial de la Comisión Interministerial de Turismo a la reorganización administrativa de 2018. Aunque el turismo es también competencia autonómica —las comunidades autónomas gestionan políticas propias a través de consejerías o agencias especializadas—, este decreto refuerza la coordinación desde el nivel central, especialmente tras los cambios estructurales del Gobierno. Su importancia radica en garantizar que políticas estatales de turismo (promoción internacional, infraestructuras, regulación sectorial) se ejecuten cohesionadamente entre ministerios, impactando indirectamente en el empleo y competitividad del sector, alineándose con objetivos europeos de competitividad turística aunque sin generar obligaciones directas para ciudadanos.