Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura.
¿Qué dice esta ley?
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💬 Contexto ciudadano
Antes de la Ley 12/2018, la contratación pública extremeña se regía por la Ley de Contratos del Sector Público estatal (2017), que permitía criterios sociales pero no los regulaba específicamente. Extremadura se convirtió en pionera en España al desarrollar una norma integral alineada con la Directiva 2014/24/UE, que habilita sostenibilidad en licitaciones públicas. Mientras la mayoría de CCAA aún aplican exclusivamente la normativa estatal sin regulación propia, Extremadura exigió explícitamente criterios de empleo, igualdad, integración social y ambiental en contratos públicos. Esta ley impacta al ciudadano al garantizar que el gasto público (millones anuales) genere beneficio social directo: contratación de personas vulnerables, cumplimiento de convenios laborales, e incentivos empresariales para prácticas responsables. Representa un modelo avanzado de compra pública como herramienta de política social, aunque de aplicación limitada geográficamente.