Real Decreto 90/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2019.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un decreto que autoriza que el Estado entregue dinero directo (subvenciones) a los Colegios de Abogados, Procuradores y Psicólogos para que presten servicios gratuitos. Estos servicios son: asesoría legal y defensa gratuita en juicios, y atención psicológica para las víctimas de delitos. El decreto explica por qué el Estado puede dar este dinero sin hacer una convocatoria pública abierta. **¿A quién afecta?** Beneficia a ciudadanos sin dinero para pagar abogado que necesitan defenderse en un juicio, y a víctimas de delitos que requieren apoyo psicológico. Especialmente a grupos vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, menores, personas con discapacidad mental o intelectual, y víctimas de trata de personas. Los Colegios de Abogados, Procuradores y Psicólogos son quienes reciben el dinero para prestar estos servicios. **¿Qué cambia o establece?** Establece que en 2019 el Estado dará subvenciones directas al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores para financiar asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para asistencia psicológica a víctimas de delitos. El dinero se entrega sin convocatoria pública porque se considera una necesidad urgente y de carácter humanitario garantizar que los pobres accedan a la justicia y las víctimas reciban apoyo.
💬 Contexto ciudadano
La asistencia jurídica gratuita existe desde hace décadas en España mediante el turno de oficio y servicios de justicia gratuita, regulados por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, pero este Real Decreto 90/2019 fortalece el sistema al establecer financiación directa y predecible a los Colegios profesionales, evitando la convocatoria competitiva. Este enfoque se alinea con directivas europeas como la 2002/8/CE sobre ayuda judicial gratuita transfronteriza y es práctica común en CCAA como Cataluña y Euskadi, que ya financiaban directamente servicios de abogacía y psicología para víctimas. El decreto también introduce innovación al vincular explícitamente asistencia psicológica con acceso a justicia —algo que otras CCAA comenzaban a implementar de forma fragmentada—. La novedad reside en la garantía estatal directa y en reconocer grupos vulnerables específicos (víctimas de violencia de género, terrorismo, trata), lo que importa al ciudadano porque asegura que su capacidad económica no determine acceso a defensa legal ni apoyo emocional tras un delito, democratizando efectivamente la justicia.