Orden MinisterialNacionalvigente

Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación.

BOE-A-2019-3113Publicada: 05/03/2019Ministerio de Economía y Empresa

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una orden ministerial que desarrolla un real decreto-ley sobre cuentas de pago básicas. Cumple con una directiva europea que exige normas sobre las comisiones de las cuentas de pago, el traspaso entre entidades y el acceso a cuentas básicas. Completa la regulación estableciendo comisiones máximas, procedimientos de traslado y requisitos para sitios web de comparación. **¿A quién afecta?** A los bancos y entidades de crédito que ofrecen cuentas de pago básicas. A los proveedores de servicios de pago en lo relativo al traslado de cuentas. A cualquier persona o empresa que quiera crear un sitio web para comparar comisiones de bancos. **¿Qué cambia o establece?** Fija el máximo que pueden cobrar los bancos por servicios en cuentas básicas. Permite cambiar de banco sin costo. Obliga a los bancos a informar de forma clara sobre las comisiones y servicios de estas cuentas. Establece que los sitios de comparación deben ser independientes y transparentes. Prevé revisar en 12 meses si se debe extender esta obligación a otros proveedores de pagos.

💬 Contexto ciudadano

Antes de esta orden, la regulación de cuentas de pago básicas era fragmentada en la UE; España carecía de normas específicas sobre comisiones máximas ni facilitaba cambios de entidad. Esta orden transpone la Directiva 2014/92/UE, armonizando el marco español con otros Estados miembros como Francia, Italia o Portugal que ya contaban con similares restricciones de comisiones. Su aprobación responde a un objetivo de inclusión financiera: garantizar que cualquier ciudadano, especialmente los marginalizados, acceda a servicios bancarios esenciales a coste regulado. Para el consumidor español importa porque establece comisiones máximas, permite cambiar de banco sin costes, y obliga a transparencia fomentando competencia. Su relevancia radica en convertir la banca básica en derecho accesible, no privilegio.

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