Orden PCI/239/2019, de 4 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público Programa "Deporte Inclusivo".
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Se crea un órgano administrativo colegiado encargado de gestionar el Programa "Deporte Inclusivo", declarado de excepcional interés público. Este órgano se integra en el Consejo Superior de Deportes y está compuesto por seis representantes: uno del Ministerio de Hacienda, tres del Consejo Superior de Deportes, uno de la Fundación Deporte Joven y uno del Comité Paralímpico Español. **¿A quién afecta?** Afecta a las entidades sin fines lucrativos que realicen actividades relacionadas con el Deporte Inclusivo y soliciten beneficios fiscales, así como a las instituciones que forman parte del órgano (Ministerio de Hacienda, Consejo Superior de Deportes, Fundación Deporte Joven y Comité Paralímpico Español). El programa se aplica desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2021. **¿Qué cambia o establece?** El órgano aprueba los planes y actividades específicas del programa, autoriza el uso del logotipo del evento y certifica que los gastos realizados se adecuan a los objetivos del programa. Para emitir certificaciones es obligatorio el voto favorable del representante del Ministerio de Hacienda. Se establecen los máximos beneficios fiscales previstos en la ley, y el funcionamiento del órgano no genera incremento del gasto público ni dietas para sus miembros.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2019 la gestión del deporte inclusivo se encontraba dispersa entre distintos órganos sin coordinación formal, limitando los beneficios fiscales disponibles para entidades especializadas. Esta orden institucionaliza un órgano colegiado específico —práctica que otras comunidades autónomas no replicaban de manera sistemática a nivel de programa singular— vinculado al Consejo Superior de Deportes e integrando actores públicos y privados (Hacienda, CSD, Fundación Deporte Joven, Comité Paralímpico). Mientras la UE promueve inclusión mediante directivas horizontales sobre accesibilidad, España opta por un mecanismo administrativo más concentrado y operacional, con voto decisivo del representante de Hacienda en certificaciones. El programa, aprobado por la Administración General del Estado hasta 2021, genera relevancia para entidades sin ánimo de lucro que acceden así a un sistema transparente de acreditación de gastos y maximización de beneficios fiscales, mejorando la viabilidad económica del deporte adaptado mientras asegura control presupuestario sin carga administrativa adicional.