Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la Isla de Formentera.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que permite limitar el acceso a la isla de Formentera y establecer un techo en el número de vehículos que circulan por ella durante el verano. Responde a la necesidad de proteger la isla de la saturación por afluencia turística, que causa problemas medioambientales, de salud y de calidad de vida en la población local. **¿A quién afecta?** A los residentes de Formentera, que en verano ven cómo su población se triplica (pasando de 13.000 a más de 44.000 personas). Afecta también a los turistas y a las empresas de alquiler de vehículos, ya que el número de coches y motos en la isla se multiplica durante la temporada alta (aproximadamente 29.000 vehículos llegan en los meses de mayo a octubre). **¿Qué cambia o establece?** La ley establece un marco legal que permite controlar el número de vehículos y el acceso durante el período estival. Deja en manos del Consejo Insular de Formentera la decisión sobre las medidas específicas para alcanzar estos objetivos, siempre bajo principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y no discriminación.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2019, Formentera carecía de marco legal específico para controlar la afluencia turística, permitiendo un crecimiento vehicular sin límites durante el verano. Esta ley representa una medida pionera en España, adelantándose a iniciativas similares en otras islas (Ibiza, Mallorca) que enfrentan saturación comparable pero sin adoptado restricciones análogas. A nivel estatal, no existe normativa equivalente de limitación directa de acceso; la UE promueve sostenibilidad turística mediante directivas de economía circular, pero sin mecanismos restrictivos específicos. La aprobación autonómica balear la sitúa como referente en gestión de destinos saturados, aunque genera tensión entre protección ambiental y derechos de circulación. Para el ciudadano formenterense, la ley es crítica: detiene la triplicación estival de población (13.000 a 44.000 habitantes), preserva agua, suelo y calidad de vida; para turistas y empresarios implica restricciones, pero evita el colapso que amenazaría la viabilidad a largo plazo de la isla como destino.