Orden INT/300/2019, de 11 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, por la que se determina la indemnización a percibir por el personal que participe o coopere en asistencia técnica policial, operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una orden ministerial del Ministerio del Interior que actualiza las reglas sobre las indemnizaciones (dinero adicional) que reciben los policías y guardias civiles cuando trabajan fuera de España en misiones de cooperación policial, operaciones de paz y seguridad, trabajos humanitarios o evacuaciones de personas. **¿A quién afecta?** Afecta al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (policías nacionales, Guardia Civil y similares) que son enviados a trabajar en operaciones internacionales fuera del territorio español. **¿Qué cambia o establece?** Amplía la lista de países donde se aplican estas indemnizaciones, incorporando nuevas misiones como Guinea Conakry (desde el 1 de enero de 2019), y especifica cuánto dinero extra reciben según su situación: si ya cobran retribuciones de organismos internacionales o no. La orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (12 de marzo de 2019).
💬 Contexto ciudadano
# Contexto Comparativo La Orden INT/1390/2007 estableció por primera vez este régimen indemnizatorio para personal de seguridad español en operaciones internacionales, que la presente orden de 2019 actualiza ampliando territorios cubiertos (como Guinea Conakry) tras doce años de aplicación. A diferencia de otros sistemas europeos donde estas compensaciones suelen integrarse en estructuras de retribución unificada, España las regula mediante órdenes ministeriales específicas según la misión, permitiendo mayor flexibilidad pero menor armonización comparativa. Como norma nacional, su aplicación es uniforme en todo el territorio sin variaciones autonómicas. La relevancia ciudadana radica en que estos recursos públicos financian participación española en operaciones de paz y humanitarias reconocidas por Naciones Unidas, afectando a la inversión estatal en seguridad internacional y cooperación diplomática, aunque su impacto presupuestario directo al ciudadano es limitado.