Ley 4/2019, de 18 de febrero, de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley de Extremadura que busca mejorar el confort, la temperatura, la humedad y la ventilación en los colegios e institutos públicos. Lo hace mediante actuaciones de eficiencia energética que apliquen técnicas bioclimáticas (adaptadas al clima local) y energías renovables, para que los estudiantes y trabajadores tengan un ambiente saludable y se reduzca el gasto de energía y las emisiones contaminantes. **¿A quién afecta?** A todos los centros educativos públicos de Extremadura que impartan educación obligatoria (Primaria, Secundaria) y post-obligatoria (Bachillerato, ciclos formativos, enseñanzas musicales e idiomas). Esto incluye los colegios e institutos de la Junta de Extremadura y los de otras administraciones públicas locales. **¿Qué cambia o establece?** La Junta de Extremadura tiene la obligación de hacer auditorías energéticas de todos estos centros para evaluar su eficiencia, crear un plan de mejora para cada uno, e invertir en actuaciones que mejoren la temperatura (manteniéndola entre 17-24ºC en invierno y 23-27ºC en verano), la ventilación y la humedad. Todo esto debe hacerse con participación de la comunidad educativa y con transparencia pública en los resultados.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2019, Extremadura carecía de normativa específica sobre condiciones térmicas y ambientales en centros educativos, aunque la Directiva 2012/27/UE y el Código Técnico de la Edificación establecían estándares generales de eficiencia. Esta ley va más allá de sus equivalentes estatales y autonómicas al vincular explícitamente eficiencia energética con rangos de confort predefinidos (17-24ºC invierno, 23-27ºC verano) y auditorías obligatorias por centro. Pocas CCAA han adoptado este enfoque integral; la mayoría se limita a normativa de edificios públicos genérica sin especificar educación. Al ciudadano le importa porque mejora la salud y concentración de sus hijos en el aula, reduce el gasto público en energía (financiable para otras áreas educativas) y normaliza la sostenibilidad desde primaria, anticipándose a compromisos europeos de descarbonización.