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Real Decreto 1161/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias.

BOE-A-2020-16840Publicada: 23/12/2020MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

¿Qué dice esta ley?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto 1161/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión di ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. **QUÉ RESUELVE** El Real Decreto 1161/2020 concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para reducir el sobrecoste de la desalación y la extracción de agua para riego agrícola. 2. **CONTEXTO** El agua es un recurso escaso y su gestión es clave en zonas con baja pluviometría, como Canarias. El riego agrícola consume gran parte del agua disponible, obtenida principalmente de fuentes subterráneas y desalinizada. La obtención de este agua implica altos costos energéticos, lo que incrementa su precio. Para abordar esta situación, se estableció una obligación de compensación en los presupuestos generales del Estado, con un crédito de 8 millones de euros para 2019, prorrogado para 2020. 3. **CONTENIDO JURÍDICO** El Real Decreto 1161/2020, de 22 de diciembre de 2020, regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias con el objetivo de abaratar el sobrecoste de la desalación y la extracción de agua de pozos y galerías para el riego agrícola. Esta medida se enmarca en el marco de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, que modificó la Ley 19/1994, de 6 de julio, sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En concreto, el artículo 14 bis de esta ley establece la obligación de establecer un sistema de compensación que garantice la moderación de los precios del agua en Canarias, alineándolos con los del resto del territorio nacional. El Real Decreto establece que la subvención se concederá directamente a la Comunidad Autónoma, sin necesidad de tramitación por parte de los agricultores. En el artículo 11 se detalla el cumplimiento de las obligaciones tributarias, estableciendo que se estará a lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La acreditación del cumplimiento se realizará mediante certificados telemáticos, lo que permite al solicitante autorizar la obtención directa de dichos certificados por parte del órgano concedente. Además, el Real Decreto incluye una disposición adicional única que exime la tramitación presupuestaria del expediente de la subvención de los plazos de envío a fiscalización previstos en la Orden HAC/1074/2020, de 16 de noviembre. Esto acelera el proceso de concesión de la subvención. Por último, se establecen dos disposiciones finales: una que permite a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adoptar disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del real decreto, y otra que fija la entrada en vigor del mismo el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 4. **CONCLUSIÓN SIMPLE** El Real Decreto 1161/2020 concede una subvención directa a Canarias para reducir el coste del agua de riego. La medida se basa en una obligación previa de compensación establecida en la Ley 8/2018. El real decreto establece mecanismos de cumplimiento tributario y acelera la tramitación presupuestaria. 5. **PUNTOS CLAVE** ✅ **Subvención directa**: Se concede directamente a la Comunidad Autónoma de Canarias, sin intermediarios. ⚠️ **Costes elevados**: El agua de riego en Canarias tiene un coste elevado debido a la desalación y la extracción subterránea. 📋 **Marco legal**: Se basa en la Ley 8/2018 y en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. ℹ️ **Aceleración de trámites**: La tramitación presupuestaria se exime de plazos de fiscalización, acelerando la concesión de la subvención. 6. **FICHA** - **Jurisdicción**: Nacional - **Fuente**: Real Decreto 1161/2020 - **Tipo**: Norma reguladora - **Fecha**: 22 de diciembre de 2020 - **Materias**: Subvenciones, agua, riego agrícola, Canarias, gestión del agua - **Relevancia**: ALTA ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

💬 Contexto ciudadano

Antes del Real Decreto 1161/2020, la gestión del agua en Canarias dependía de mecanismos estatales y autonómicos, con un marco normativo que incluía la Ley 19/1994 y su posterior modificación por la Ley 8/2018. La subvención directa introducida por el Real Decreto 1161/2020 representa un cambio significativo, ya que establece una intervención más directa del Estado en la financiación de medidas específicas para el sector agrícola. Este enfoque contrasta con el modelo tradicional de financiación autonómica, donde las comunidades autónomas gestionaban recursos propios. La importancia de esta norma radica en su impacto en la sostenibilidad del riego agrícola y en la reducción de costos para los agricultores, reflejando una política más integrada entre el Estado y las CCAA.

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