Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y por el que se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un nuevo sistema de registro donde las empresas deben inscribir su "huella de carbono" (la cantidad de gases contaminantes que generan en sus operaciones). También obliga a calcular estas emisiones y publicar planes para reducirlas. Además, crea un espacio para registrar proyectos que absorban CO₂ de la atmósfera. **A quién afecta** Principalmente a empresas medianas y grandes. Las pequeñas tendrán excepciones según su tamaño. También importa a autónomos que realicen ciertas actividades económicas, y a la administración pública, que deberá liderar con el ejemplo. **Qué cambia concretamente** Las empresas afectadas no pueden seguir ignorando sus emisiones: deben calcularlas anualmente, dejar constancia en un registro público accesible y comunicar qué acciones concretas tomarán para reducirlas. Esto transparencia (te puede consultar qué contamina cada empresa) y presiona para que inviertan en tecnologías limpias. Los proyectos de compensación (como reforestaciones) tendrán también un registro oficial. **Cuándo entra en vigor** El decreto se publica en marzo de 2025. Las empresas tendrán un plazo para comenzar sus cálculos; la mayoría deberá reportar datos a partir del ejercicio 2025 o 2026, según el
💬 Contexto ciudadano
Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 214/2025, no existía un marco legal obligatorio a nivel estatal que exigiera el cálculo y registro de la huella de carbono de las empresas, a diferencia de algunas Comunidades Autónomas que ya habían implementado medidas similares. Esta norma marca un avance frente a la regulación europea, que aunque establece directrices generales, no impone obligaciones concretas a nivel nacional. La importancia de esta norma radica en su carácter pionero en España, al establecer un sistema obligatorio de transparencia y responsabilidad ambiental para empresas y administraciones, impulsando la transición hacia economías más sostenibles.