Enmiendas de 2022 al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por su Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.360(79). Anexo V del Convenio MARPOL. (Instalaciones de recepción regionales en aguas del Ártico y Libro registro de basuras).
¿Qué dice esta ley?
Los buques que navegan en aguas árticas tendrán que usar instalaciones especializadas para dejar sus residuos antes de zarpar, en lugar de arrojarlos al mar. Esto incluye plásticos, restos de carga y aguas sucias. Es una exigencia nueva pensada para proteger uno de los océanos más frágiles del planeta. Afecta directamente a armadores y capitanes de barcos comerciales, pesqueros y de recreo que operen en el Ártico. También a los puertos árticos, que deberán contar con estas instalaciones de recepción de residuos. Los estados costeros son responsables de garantizar su disponibilidad. Obliga a los buques a llevar un "libro registro de basuras" (un registro detallado de cada residuo generado y dónde se deposita), en lugar de permitir vertidos en el mar. Los puertos árticos deben tener capacidad suficiente para recibir estos residuos sin demoras que obliguen a los barcos a esperar demasiado. Entra en vigor el 1 de noviembre de 2023. Los barcos ya operativos tienen un período de transición para adaptarse: hasta el 30 de junio de 2025 para cumplir completamente con las nuevas exigencias de registro.
💬 Contexto ciudadano
Antes de las enmiendas de 2022 al Convenio MARPOL, los buques podían vertir residuos en el mar, incluso en aguas árticas, lo cual ponía en riesgo un ecosistema extremadamente vulnerable. Estas enmiendas, adoptadas por la Organización Marítima Internacional (OMI), establecen requisitos más estrictos que los de la Unión Europea y otras comunidades autónomas, al exigir instalaciones de recepción regionales y un libro registro de basuras. Importa porque refleja un enfoque más global y específico para proteger el Ártico, superando normativas estatales o regionales menos rigurosas, y obliga a todos los actores marítimos a adoptar prácticas más sostenibles.