Enmiendas de 2022 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.361(79). (Zona de control de las emisiones de óxidos de azufre y materia particulada del mar Mediterráneo).
¿Qué dice esta ley?
**Resumen para ciudadanía** Los barcos que navegan por el Mediterráneo tendrán que usar combustibles más limpios para reducir la contaminación del aire. Se trata de una actualización de las reglas internacionales que ya existían desde los años 70 para evitar que los buques contaminen el mar y la atmósfera. Esta enmienda de 2022 refuerza esas normas especialmente en esta zona. Los armadores de barcos mercantes, navieras, puertos y ciudades costeras mediterráneas son los más afectados. También los ciudadanos que viven en zonas portuarias notarán mejora en la calidad del aire. Las empresas navieras tendrán que invertir en equipos de filtrado o cambiar a combustibles menos contaminantes. Lo concreto es que desde ahora los barcos no pueden emitir tanto óxido de azufre ni materia particulada (polvo fino) en el Mediterráneo. Esto obliga a instalar sistemas de depuración de gases (scrubbers) o usar gasóleo de menor contenido en azufre, reduciendo la contaminación costera y marina. La enmienda entró en vigor tras su adopción en 2022 mediante resolución internacional. Los barcos tienen períodos de transición para cumplir, pero ya está en marcha el cambio normativo para esta zona estratégica.
💬 Contexto ciudadano
Antes de las enmiendas de 2022 al Convenio MARPOL, ya existían normas internacionales desde los años 70 para limitar la contaminación marítima, pero las normas específicas para la zona del Mediterráneo eran menos estrictas. La enmienda de 2022 refuerza estas regulaciones, estableciendo límites más estrictos para las emisiones de óxidos de azufre y materia particulada en esta región, que es especialmente vulnerable. Esta actualización es importante porque busca proteger tanto el medio marino como la calidad del aire en zonas costeras, afectando a armadores, puertos y ciudadanos. La norma se aplica a nivel de la Unión Europea, pero también tiene implicaciones a nivel estatal y regional, reflejando una coordinación más estrecha entre las CCAA y el Estado.