Sentencia de 1 de abril de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación número 8287/2023 contra la Tasa por la ocupación dominio público de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburo del Ayuntamiento de San Martín de la Vega.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Tribunal Supremo ha anulado una tasa (un pago obligatorio) que el Ayuntamiento de San Martín de la Vega cobraba a las empresas de energía, gas, agua e hidrocarburos por usar el suelo público para instalar sus tuberías y cables. La sentencia declara que esta tasa era ilegal. **A quién afecta** Principalmente a las empresas distribuidoras de electricidad, gas natural, agua y derivados del petróleo. Indirectamente, también al ayuntamiento, que pierde ingresos por estas tarifas, y potencialmente a los ciudadanos si estas empresas trasladaban costes a las facturas. **Qué cambia** Las empresas de servicios públicos no tendrán que seguir pagando esta tasa. Dependiendo de los términos de la sentencia, podrían recuperar lo que ya abonaron en años anteriores. El ayuntamiento debe dejar de recaudar estas cantidades y evaluar si otras tasas similares tienen los mismos problemas legales. **Cuándo** La sentencia es de 1 de abril de 2025. Entra en vigor inmediatamente, aunque el ayuntamiento podría solicitar aclaraciones o plantearse recursos adicionales en el caso de que la sentencia no sea firme (conozca si existe posibilidad de recurso extraordinario).
💬 Contexto ciudadano
Antes de la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2025, las comunidades autónomas y ayuntamientos podían establecer tasas por la ocupación del suelo público para instalaciones de servicios públicos, siguiendo normas estatales y europeas que permitían cierta flexibilidad. Esta sentencia establece que dichas tasas pueden ser ilegales si no cumplen con los requisitos de legalidad y transparencia. La importancia radica en que establece un marco más claro para la regulación de estas tasas, afectando tanto a empresas como a ayuntamientos y, en última instancia, a los ciudadanos.