Sentencia de 30 de junio de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Agri-Energía Eléctrica, SAU, contra la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución
¿Qué dice esta ley?
**Lo que cambia en la distribución de electricidad** El Tribunal Supremo ha rectificado una orden ministerial de 2022 que fijaba cuánto ganaban las empresas distribuidoras de electricidad según si reducían pérdidas en sus redes. La sentencia da la razón en parte a Agri-Energía Eléctrica: algunos de los cálculos de la administración fueron incorrectos. **Afecta principalmente a empresas distribuidoras** Las compañías que llevan la electricidad hasta los hogares y negocios son las directamente impactadas. La sentencia puede significar ajustes económicos en lo que estas empresas reciben como compensación por su trabajo en el sistema eléctrico español. **Corrige cómo se calcula la compensación** En lugar de aplicar las reglas que el Ministerio decidió en 2022, ahora hay que revisar esos cálculos. Agri-Energía Eléctrica conseguirá una retribución más justa según el tribunal. Esto puede abrir la puerta a que otras distribuidoras reclamen lo mismo si sus casos son similares. **Sentencia de junio de 2025** La decisión es ya definitiva (no cabe recurso). Las empresas distribuidoras tendrán que recalcular sus ingresos conforme a lo que el Supremo ha establecido. Los ajustes económicos derivados pueden extenderse durante
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Sentencia de 30 de junio de 2025, las empresas distribuidoras de electricidad en España se regían por la Orden TED/749/2022, que establecía incentivos y penalizaciones según la reducción de pérdidas en sus redes. Esta norma, de ámbito estatal, se aplicaba uniformemente a todas las comunidades autónomas, sin considerar las particularidades regionales. La sentencia del Tribunal Supremo corrige esta norma, reconociendo errores en los cálculos de retribución, lo que implica un cambio en el marco regulatorio. Este ajuste es relevante porque pone en cuestión la uniformidad estatal y abre la posibilidad de una regulación más ajustada a las realidades de cada CCAA, afectando directamente a las empresas distribuidoras y su viabilidad económica.