Sentencia de 1 de julio de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Central Eléctrica Sestelo y Compañía, SL, contra la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la
¿Qué dice esta ley?
**Sentencia del Tribunal Supremo sobre incentivos de distribución eléctrica (1 de julio de 2025)** El Tribunal Supremo ha fallado a favor parcialmente de una empresa distribuidora de electricidad contra una orden ministerial de 2022 que establecía penalizaciones y bonificaciones según las pérdidas de energía en sus redes. Central Eléctrica Sestelo y Compañía consideraba injusta la forma en que se calcularon esas penalizaciones para el año 2016. La sentencia afecta a empresas distribuidoras de electricidad que operan en España. Aunque el fallo es sobre una orden de hace varios años, sienta precedente (jurisprudencia: criterio que usan los jueces en decisiones futuras) sobre cómo se deben calcular los incentivos y penalizaciones en este sector. El Tribunal Supremo anula parcialmente esa orden, lo que significa que el cálculo de la retribución base (cantidad de dinero que reciben las distribuidoras) debe revisarse. Esto podría implicar que Central Eléctrica Sestelo reciba una compensación económica por lo que considera una aplicación incorrecta de las reglas. Establece además un criterio más claro para futuras decisiones sobre cómo penalizar o bonificar a las distribuidoras. La sentencia es de 1 de julio de 2025 y es ejecutiva inmediatamente (tiene efecto legal desde ah
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2025, las normas sobre incentivos y penalizaciones para las empresas distribuidoras de electricidad en España se regulaban principalmente a través de órdenes ministeriales, como la Orden TED/749/2022, que establecían criterios estatales para el cálculo de retribuciones. Estas normas eran aplicables a nivel estatal, aunque en algunas Comunidades Autónomas existían regulaciones propias que podían variar. La importancia de esta sentencia radica en que establece un criterio uniforme y claro a nivel nacional, influenciando futuras decisiones de la Unión Europea y reforzando la transparencia en el sector energético.