Sentencia de 19 de junio de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Distribuidora Eléctrica de Monesterio, SL, contra la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba l
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente una orden del Ministerio de Transición Ecológica que establecía penalizaciones económicas a empresas distribuidoras de electricidad por las pérdidas en sus redes. Distribuidora Eléctrica de Monesterio reclamaba que el cálculo de esas penalizaciones no fue justo. **A quién afecta** Principalmente a empresas distribuidoras de electricidad y sus accionistas. De forma indirecta, a los consumidores, ya que estas decisiones influyen en las tarifas eléctricas que pagamos. **Qué cambia** El tribunal considera que algunos aspectos de cómo se calcularon las penalizaciones en 2016 fueron incorrectos. Esto significa que Distribuidora Eléctrica de Monesterio y posiblemente otras empresas afectadas tendrán derecho a reclamaciones económicas o revisión de esas sanciones. La sentencia obliga a la administración a recalcular de forma más justa esas penalizaciones. **Cuándo** La sentencia es de junio de 2025 y afecta decisiones de 2016. Aunque hablamos del pasado, estas sentencias del Supremo son definitivas y marcan cómo deben resolverse disputas similares en el futuro sobre retribuciones eléctricas.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta sentencia, el marco normativo en materia de retribuciones eléctricas se regía principalmente por normas estatales y europeas, como la Directiva 2009/72/CE, que establecía principios generales para la regulación del sector eléctrico. Las comunidades autónomas, en su ámbito, aplicaban estas normas con reglamentos propios, lo que generaba una cierta fragmentación. La importancia de esta sentencia radica en que establece un criterio más claro y uniforme en la aplicación de las penalizaciones por pérdidas, reforzando el control judicial sobre la justicia de los cálculos económicos en el sector eléctrico.