Sentencia de 11 de noviembre de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Hidroeléctrica de Silleda, SL, contra la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución de
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Tribunal Supremo ha anulado una orden ministerial que castigaba económicamente a Hidroeléctrica de Silleda por supuestamente no reducir suficientemente las pérdidas de electricidad en su red de distribución. La empresa reclamó que el cálculo era injusto y el tribunal le ha dado la razón. **A quién afecta** Principalmente a Hidroeléctrica de Silleda, pero también a otras empresas distribuidoras de electricidad que recibieron sanciones o ajustes de ingresos bajo el mismo sistema. Indirectamente, puede impactar en cómo se regulan las penalizaciones económicas a estas empresas en el futuro. **Qué cambia** Se anula la penalización económica impuesta a la empresa por el año 2016. Esto significa que recuperará la retribución (ingresos) que le fue reducida o que tendrá derecho a una compensación. El tribunal consideró que el método usado para evaluar el desempeño de las empresas en reducción de pérdidas fue defectuoso o injustificado legalmente. **Cuándo** La sentencia es de noviembre de 2025, pero afecta a decisiones tomadas en 2022 sobre incentivos del año 2016. Su aplicación dependerá de si se recurre más o si Hidroeléctrica de Silleda debe reclamar act
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta sentencia, existían normas estatales y de las Comunidades Autónomas que regulaban el sistema de incentivos y penalizaciones para la reducción de pérdidas en redes eléctricas, con un marco legal más fragmentado y menos uniforme. La Unión Europea también establecía directrices generales, pero con menos incidencia directa en el cálculo específico de sanciones. Esta sentencia importa porque establece un criterio más claro y justo en la aplicación de estas normas, reforzando el derecho a la defensa y la igualdad ante la ley, y marcando un precedente para futuros casos similares en el ámbito estatal y autonómico.