Sentencia de 13 de noviembre de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Dielesur, SLU, contra la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución de las emp
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un juzgado supremo ha resuelto un litigio entre una empresa distribuidora de electricidad (Dielesur) y el Ministerio. La disputa trata sobre cómo se calcularon los incentivos económicos que recibió la empresa por reducir pérdidas de energía en sus redes durante 2016. El tribunal le da parcialmente la razón a Dielesur, considerando que algunos cálculos fueron injustos. **A quién afecta** Principalmente a Dielesur y potencialmente a otras empresas distribuidoras de electricidad españolas. Indirectamente, puede impactar en los consumidores si estas decisiones sobre retribuciones de distribuidoras influyen en las tarifas eléctricas futuras. **Qué cambia** Se modifica la cantidad económica que Dielesur debe recibir o devolver por el sistema de incentivos de 2016. Aunque la sentencia es parcial (no le da totalmente la razón), obliga a revisar cómo se aplicaron esas penalizaciones y bonificaciones económicas, estableciendo un precedente sobre qué es justo en estos cálculos. **Cuándo** La sentencia se dicta el 13 de noviembre de 2025. Sus efectos sobre la retribución real de la empresa y posibles devoluciones dependerán de la ejecución posterior de esta resolución.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta sentencia, el marco normativo en materia de retribuciones de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en España se regulaba principalmente por normas estatales y, en algunos casos, por normativas de las Comunidades Autónomas, con una influencia indirecta de la Unión Europea. La sentencia del Tribunal Supremo de 2025 establece un precedente al determinar que ciertos cálculos de incentivos y penalizaciones aplicados en 2016 eran injustos, lo que importa porque redefine los criterios de equidad en la aplicación de estas normas, afectando no solo a las empresas distribuidoras, sino también a los consumidores a través de posibles cambios en las tarifas eléctricas.