Resolución de 27 de noviembre de 2025, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil para el año 2024 a efectos del régimen retributivo adicional de los grupos de generación ubicados en los territorios no peninsulares.
¿Qué dice esta ley?
Los combustibles fósiles (hulla, fuel oil, diésel y gasoil) tienen diferente capacidad para generar energía según su composición. Esta resolución establece exactamente cuánta energía produce cada uno en 2024, información que sirve para calcular compensaciones económicas a las plantas de generación que operan en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Afecta directamente a las empresas generadoras de electricidad ubicadas en territorios no peninsulares que usan estos combustibles. También impacta indirectamente en los ciudadanos de esas zonas, ya que estos cálculos influyen en los costes finales de la electricidad y en las tarifas reguladas. Lo que cambia es que ahora hay valores oficiales y validados para 2024 que determinan cuánto dinero reciben estas plantas por generar electricidad en zonas donde los costes logísticos son superiores. Sin estos datos precisos, el sistema de compensación (régimen retributivo adicional) no podría funcionar correctamente, generando posibles disputas entre empresas y administración. Entra en vigor desde su publicación y aplica retroactivamente al año 2024, lo que significa que cualquier liquidación de compensaciones pendientes debe recalcularse con estos valores oficiales.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta resolución, no existían valores oficiales y homogéneos para el poder calorífico de los combustibles fósiles en los territorios no peninsulares de España, lo que generaba incertidumbre en el cálculo de las compensaciones económicas. En comparación con el sistema estatal y la normativa de la UE, la regulación específica para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla era menos precisa y uniforme, afectando la justicia en la retribución a las centrales eléctricas. Esta norma establece valores validados para 2024, permitiendo una aplicación más justa y transparente del régimen retributivo adicional, lo cual es crucial para garantizar la equidad en el sistema energético y evitar conflictos entre administraciones y empresas.