Sentencia de 23 de junio de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, contra la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Tribunal Supremo ha revisado una decisión del Gobierno sobre cómo se penalizaba a las empresas distribuidoras de electricidad por las pérdidas de energía en sus redes durante 2016. Concluye que hubo errores en el cálculo, así que modifica parcialmente esa penalización para Hidrocantábrico y probablemente otras empresas. **A quién afecta** Directamente a empresas distribuidoras de electricidad (como Hidrocantábrico). Indirectamente, a los consumidores, ya que estas correcciones pueden influir en las tarifas eléctricas que pagamos. **Qué cambia** Hidrocantábrico consigue que se revise la penalización económica que le impusieron por sus pérdidas en la red. Aunque el Supremo no anula completamente la orden original, obliga a recalcular cuánto debe pagar o, en su caso, cuánto debe cobrar como compensación. Esto abre la puerta a que otras distribuidoras también reclamen si fueron afectadas de forma similar. **Cuándo** La sentencia es de 23 de junio de 2025. El impacto en las cuentas de estas empresas dependerá de cómo se ejecute la sentencia, probablemente durante los meses siguientes.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2025, las empresas distribuidoras de electricidad estaban sujetas a un sistema de incentivos y penalizaciones establecido por el Estado, que se aplicaba de forma uniforme en todas las Comunidades Autónomas y dentro de la Unión Europea. Este sistema se basaba en criterios estatales que no siempre consideraban las particularidades regionales. La importancia de esta sentencia radica en que pone en entredicho la uniformidad de dichas normas, abriendo la posibilidad de una regulación más ajustada a las realidades locales, lo que podría afectar tanto a las empresas como a los consumidores.