Resolución de 2 de febrero de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados correspondientes al año 2025.

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** El Estado fija los precios oficiales que se usan para calcular cuánto dinero deben pagar las empresas por extraer gas, petróleo y condensados (líquidos que se forman en los pozos) del subsuelo español durante 2025. Es como establecer una tarifa de referencia para cobrar a quien saca estos recursos naturales del país. **A quién afecta** Principalmente a empresas petroleras y gasísticas que operan en España. También impacta indirectamente en los consumidores, ya que estos costos pueden reflejarse en los precios finales de energía, y en las arcas públicas (el Estado recauda más o menos según estos precios). **Qué cambia** Las compañías tendrán claros los valores que usará la administración para calcular sus obligaciones fiscales por extracción de recursos. Esto evita disputas sobre cuál es el precio "justo" y permite a las empresas planificar sus inversiones sabiendo exactamente cuánto les costará acceder a estos recursos naturales. Es un factor clave en la rentabilidad de sus operaciones. **Cuándo entra en vigor** Se aprueba en febrero de 2026 pero aplica retroactivamente a todo el año 2025, por lo que afecta a cálculos y pagos que ya están en curso o pendientes de liquidación.