Resolución de 23 de abril de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de incendios forestales.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El gobierno aprueba un plan nacional para organizar cómo actuamos ante incendios forestales. Define quién hace qué, cómo coordinamos los recursos (bomberos, voluntarios, equipos aéreos) y qué pasos seguimos antes, durante y después de un incendio. **A quién afecta** Principalmente a comunidades autónomas (Galicia, Castilla y León, etc.), ayuntamientos y servicios de emergencia que tienen que implementarlo. También a ciudadanos rurales y propietarios de terrenos forestales, pues el plan puede incluir obligaciones de prevención. Empresas forestales y equipos de extinción también se ven involucrados. **Qué cambia** Se establece un protocolo único y coordinado en todo el país. Esto significa respuestas más rápidas y eficaces: mejor comunicación entre administraciones, asignación clara de responsabilidades, y recursos mejor distribuidos. Se busca reducir tiempos de reacción y daños. Probablemente incluye nuevas medidas de prevención (limpiezas de montes, control de vegetación) que afectarán a propietarios forestales. **Cuándo entra en vigor** Desde la publicación de esta resolución (23 de abril de 2026). Las comunidades autónomas tendrán un plazo para adaptarse e implementar el plan según sus particularidades regionales.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Resolución de 23 de abril de 2026, la gestión de incendios forestales en España era descentralizada, con normativas y protocolos distintos en cada comunidad autónoma, lo que generaba ineficiencias y falta de coordinación. Esta nueva norma establece una directriz básica nacional, armonizando las actuaciones con las de la Administración estatal y la Unión Europea, que también promueve estrategias integradas de prevención y respuesta ante desastres. La importancia radica en la creación de un marco común que mejore la eficacia, la rapidez y la coordinación en la lucha contra los incendios, reduciendo riesgos y mejorando la protección de la población y el medio ambiente.