Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta ley crea un sistema de carrera profesional horizontal para los empleados públicos de Castilla y León. Se trata de una forma de progresión en el trabajo basada en la evaluación positiva del desempeño, con cuatro niveles a los que se accede por convocatoria pública. Es voluntaria y progresiva, es decir, cada persona puede optar por participar y avanza de forma gradual. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los empleados públicos de la Administración de Castilla y León y sus organismos autónomos: funcionarios, personal laboral, y trabajadores de la Gerencia Regional de Salud (estatutarios, funcionarios y laborales). Algunos grupos, como el personal docente, pueden elegir entre esta carrera o un sistema alternativo de complementos. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece que cada trabajador público que supere una evaluación de desempeño puede acceder a aumentos salariales por complementos de carrera. Obliga a convocar las primeras oposiciones antes de fin de 2019, destina un presupuesto mínimo de 75 millones de euros para 2020, e iguala los complementos de todos los grupos profesionales (funcionarios, laborales y sanitarios). También regula que quien tenga la carrera reconocida pero trabaje fuera de centros sanitarios reciba una cantidad equivalente a la de 2018.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2019, la progresión en la carrera pública castellanoleonesa se regía por sistemas rígidos basados fundamentalmente en antigüedad y categorías profesionales estancadas, con escaso margen para movilidad meritoria. La Ley 7/2019 introduce un modelo horizontal evaluativo alineado con principios del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP estatal), aunque con mayor generosidad presupuestaria que otras autonomías: mientras comunidades como Madrid o Cataluña mantienen sistemas más verticales o parcialmente desvinculados de evaluación, Castilla y León opta por un esquema voluntario y público donde el desempeño determina acceso a complementos salariales. La ley iguala tratamiento entre funcionarios, laborales y sanitarios—aspecto donde la normativa estatal solo marca mínimos—, respondiendo a demandas históricas de equidad retributiva. Para el ciudadano implica ganancia directa: mejor calidad asistencial y administrativa al vincular ingresos a evaluación real de competencias, mayor transparencia mediante convocatorias públicas, y modernización del empleo público regional frente al modelo pre-reforma que privilegiaba permanencia sobre desempeño.