ResoluciónNacionalvigente

Acuerdo entre el Reino de España y la Corte Penal Internacional relativo a la ejecución de las penas de la Corte Penal Internacional, hecho en La Haya el 8 de diciembre de 2022.

BOE-A-2025-21121Publicada: 21/10/2025MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** España firma un acuerdo con la Corte Penal Internacional (tribunal internacional que juzga crímenes graves como genocidios o crímenes de guerra) para que las cárceles españolas puedan ejecutar las condenas que dicta ese tribunal. Es decir, si la Corte condena a alguien, España se ofrece a cumplir esa pena en territorio español en lugar de que la cumpla en un país tercero. **A quién afecta** A condenados por la Corte Penal Internacional que cumplan pena en España. También a la administración penitenciaria española, que asume la responsabilidad de gestionar estas cárceles. Indirectamente, refuerza la posición de España como país comprometido con la justicia internacional. **Qué cambia** Hasta ahora, España no tenía marco legal para alojar a estos presos. Con este acuerdo, la Corte puede trasladar condenados a cárceles españolas, reduciendo costes logísticos y garantizando que cumplan pena en un país europeo con estándares de derechos humanos similares. Además, fortalece el sistema de justicia penal internacional al ampliar opciones de ejecución de penas. **Cuándo entra en vigor** Firmado el 8 de diciembre de 2022. Requiere ratificación parlamentaria española para tener pl

💬 Contexto ciudadano

El Acuerdo España-Corte Penal Internacional sobre ejecución de penas abre una vía inédita en el ordenamiento español: por primera vez, condenados por la CPI pueden cumplir condena en establecimientos penitenciarios españoles. Hasta su entrada en vigor, España cooperaba con la CPI principalmente a través de entrega de imputados y asistencia procesal, pero carecía de marco para la fase de ejecución. A diferencia del sistema de ejecución de sentencias del CEDH, este acuerdo responde directamente al Estatuto de Roma e impone obligaciones de supervisión periódica por la CPI. Tiene especial relevancia simbólica para reforzar la posición española como Estado comprometido con la justicia penal internacional y el multilateralismo.

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