Real Decreto 240/2019, de 5 de abril, por el que se modifica el Estatuto del Centro Español de Metrología, aprobado por Real Decreto 1342/2007, de 11 de octubre.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Real Decreto que modifica el Estatuto del Centro Español de Metrología (CEM). El CEM es un organismo autónomo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que funciona como la máxima autoridad técnica en metrología en España. Entre sus funciones están definir las unidades de medida, mantener los patrones nacionales de medida, supervisar la calibración de instrumentos y representar a España en organismos internacionales de metrología. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente al Centro Español de Metrología como institución, su estructura interna y personal. Indirectamente afecta a sectores que dependen de servicios de metrología: industria, laboratorios científicos, empresas de medioambiente y sanidad que necesitan trazabilidad en sus mediciones. **¿Qué cambia o establece?** Reduce el número de miembros del consejo rector de 20 a máximo 9; actualiza las normas que lo rigen conforme a leyes recientes españolas y directivas europeas sobre instrumentos de medida; adapta el nombramiento de su director a la legislación vigente; modifica su estructura de divisiones; permite recibir ingresos por patrocinio de actividades e instalaciones; y le otorga la condición de "medio propio" del Estado para mejorar su gestión operativa.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 240/2019 moderniza la estructura del Centro Español de Metrología, que operaba bajo el estatuto de 2007. Esta reforma alinea el organismo con directivas europeas sobre instrumentos de medida y normativa española contemporánea, reduciendo la complejidad de su gobernanza al limitar el consejo rector a 9 miembros frente a los 20 anteriores. La metrología constituye competencia estatal exclusiva, sin variación entre comunidades autónomas, siendo el CEM referente único nacional ante organismos internacionales. El cambio importa al ciudadano porque garantiza que mediciones de productos alimentarios, fármacos, servicios de energía y ambientales mantienen trazabilidad técnica fiable; la optimización administrativa mejora eficiencia operativa y capacidad de respuesta a exigencias europeas de precisión, reforzando confianza en transacciones comerciales y protección del consumidor.