Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Montenegro de aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre la readmisión de personas que residen sin autorización, hecho en Podgorica el 17 de diciembre de 2018.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un acuerdo entre España y Montenegro que establece los procedimientos para devolver a personas que viven en uno de estos países sin permiso de residencia. **¿A quién afecta?** A personas montenegrinas en situación irregular en España y a españoles en situación irregular en Montenegro. También afecta a ciudadanos de otros países y apátridas que necesiten transitar en tránsito aéreo entre ambos países. **¿Qué cambia o establece?** Define qué documentos se aceptan para demostrar la nacionalidad, cómo se solicita la devolución de una persona mediante formularios oficiales, que la parte requerida tiene un máximo de 10 días para responder, que el traslado se notificará con al menos 3 días de anticipación, cómo gestionar el tránsito de personas en aeropuertos, y que quien solicita la readmisión paga los costos de las entrevistas. Las Autoridades Competentes de ambos países coordinan fechas, vuelos y necesidades de asistencia médica especial.
💬 Contexto ciudadano
El protocolo bilateral entre España y Montenegro de 2018 sistematiza procedimientos de readmisión que antes operaban con menos claridad normativa, alineándose con la política migratoria comunitaria de acuerdos similares con terceros países (como Turquía). A diferencia del régimen disperso anterior, este instrumento implementa estándares de la UE en plazos de respuesta (10 días), documentación de identidad y notificación anticipada de traslados, asimilándose a protocolos ya vigentes entre España y otros países europeos. Aunque todos los Estados miembros cuentan con instrumentos de readmisión, la homologación comunitaria mediante este protocolo facilita la reciprocidad y previene conflictos diplomáticos. Para el ciudadano, es relevante porque define garantías procedimentales mínimas en expulsiones, reduce arbitrariedades administrativas y establece responsabilidades claras en tránsitos internacionales, mejorando la certidumbre jurídica en procesos que afectan a vulnerables en situación irregular.