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ResoluciónNacionalvigente

Decreto-ley 13/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 en el ámbito de los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de personas por carretera de uso general.

BOE-A-2020-17017Publicada: 26/12/2020COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

¿Qué dice esta ley?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Decreto-ley 13/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen medidas urgent ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. **QUÉ RESUELVE** El Decreto-ley 13/2020 establece medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis sanitaria por la COVID-19 en los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de personas por carretera de uso general en las Illes Balears. 2. **CONTEXTO** El Real Decreto 463/2020 declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, que se prolongó hasta el 21 de junio de 2020. En este contexto, se adoptaron medidas extraordinarias para limitar la movilidad y garantizar la seguridad sanitaria. Las autoridades autonómicas, incluida la comunidad de las Illes Balears, implementaron restricciones en los servicios de transporte público, como la reducción de capacidad y la obligatoriedad de mascarillas. Tras el final del estado de alarma, se necesitaba una norma que regulara el reequilibrio de los contratos de concesión afectados por estas medidas. 3. **CONTENIDO JURÍDICO** El Decreto-ley 13/2020, de 23 de noviembre de 2020, establece medidas urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la pandemia de la COVID-19 en los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de personas por carretera de uso general en las Illes Balears. Este decreto se fundamenta en el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que se prorrogó hasta el 21 de junio de 2020. Durante este periodo, se implementaron restricciones a la movilidad, incluyendo la reducción de capacidad en los vehículos de transporte público y la obligatoriedad de mascarillas, como se estableció en las órdenes TMA/273/2020, TMA/306/2020 y TMA/384/2020. El Decreto-ley introduce un mecanismo de reequilibrio para las empresas contratistas afectadas por estas medidas. En concreto, establece que las empresas pueden solicitar una compensación por los daños sufridos debido a la reducción de servicios y la limitación de capacidad. Para ello, se crea un procedimiento de solicitud y verificación de datos, que debe realizarse dentro de un plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación o, en su caso, de subsanación de solicitudes. Si no se dicta resolución en ese plazo, se entenderá desestimada la solicitud. Además, el Decreto-ley establece que el segundo tramo de compensación tendrá el mismo procedimiento de tramitación que el primero, con un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto. También incluye una disposición adicional que autoriza al Gobierno de las Illes Balears para aprobar un texto refundido de las disposiciones vigentes de la Ley de consejos escolares, con la posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que se tienen que refundir. Por último, se establece que el Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de las Illes Balears». 4. **CONCLUSIÓN SIMPLE** El Decreto-ley 13/2020 introduce un mecanismo de compensación para las empresas afectadas por las restricciones durante el estado de alarma. Establece un procedimiento de solicitud y verificación de datos, con plazos claros. Además, autoriza al gobierno para refundir normas relacionadas con la educación. 5. **PUNTOS CLAVE** ✅ **Reequilibrio de contratos**: Se establece un mecanismo de compensación para empresas afectadas por las restricciones de movilidad. ⚠️ **Plazos de tramitación**: El procedimiento de solicitud tiene un plazo máximo de tres meses. 📋 **Procedimiento de verificación**: Se permite la verificación de datos y documentos aportados. ℹ️ **Autorización al gobierno**: Se autoriza al gobierno para refundir normas relacionadas con la educación. 6. **FICHA** - **Jurisdicción**: Autonómica (Illes Balears) - **Fuente**: Decreto-ley 13/2020 - **Tipo**: Decreto-ley - **Fecha**: 23 de noviembre de 2020 - **Materias**: Contratos de concesión, transporte público, medidas excepcionales, reequilibrio económico, estado de alarma - **Relevancia**: ALTA - **Palabras clave**: Decreto-ley, transporte público, reequilibrio, estado de alarma, Illes Balears, compensación, medidas excepcionales ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

💬 Contexto ciudadano

Antes del Decreto-ley 13/2020, las comunidades autónomas, como las Illes Balears, aplicaban medidas excepcionales durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, limitando la movilidad y modificando los servicios de transporte público. Estas acciones, aunque necesarias para garantizar la seguridad sanitaria, generaron incertidumbre en los contratos de concesión. El Decreto-ley busca regularizar estas situaciones, estableciendo un marco legal que equilibre los derechos y obligaciones de las administraciones y los concesionarios, evitando conflictos derivados de la crisis sanitaria. Su importancia radica en su carácter urgente y en su aplicación específica a una comunidad autónoma, destacando la flexibilidad normativa frente a la situación excepcional.

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