Ley 4/2019, de 3 de abril, de venta local de productos agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley de la Región de Murcia que permite y regula la venta local de alimentos producidos en la región. Autoriza dos formas: la venta directa, donde el productor vende pequeñas cantidades directamente al consumidor final, y la venta en canal corto, donde el productor entrega sus productos a una tienda local o empresa de distribución que los vende solo a consumidores finales. **¿A quién afecta?** Afecta a los productores agrarios y forestales de Murcia, los consumidores que compran estos productos, y los establecimientos locales que los distribuyen. Busca potenciar estos circuitos cortos entre productor y consumidor en la región. **¿Qué cambia o establece?** Establece normas flexibles de higiene y seguridad alimentaria adaptadas a estas ventas locales, sin reducir protección al consumidor. Permite la venta directa de pequeñas cantidades de productos primarios y elaborados, y autoriza el suministro de carne de aves y conejos sacrificados en la explotación del productor. Elimina barreras innecesarias para impulsar estos proyectos de venta cercana que generan empleo rural y mejor distribución de beneficios entre productores y consumidores.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2019, Murcia carecía de regulación autonómica específica para la venta local de productos agroalimentarios, dependiendo de normativas estatales como la Ley 34/1988 de Ordenación de la Producción Agroalimentaria y directivas UE (especialmente 852/2004) que permitían venta directa pero sin desarrollar mecanismos claros para pequeños productores. Esta ley alinea Murcia con experiencias previas en Cataluña (Ley 3/2003), Andalucía y Galicia, que ya habían legislado circuitos cortos, pero avanza con flexibilidad mayor en requisitos higiénico-sanitarios adaptados a escala local. Mientras algunas CCAA mantienen criterios más restrictivos, Murcia adopta un enfoque de desregulación inteligente, manteniendo protección al consumidor conforme a estándares europeos pero reduciendo cargas administrativas innecesarias. Para el ciudadano importa porque mejora acceso a alimentos locales frescos, fortalece economía rural, permite relaciones directas productor-consumidor que facilitan trazabilidad, y potencia la soberanía alimentaria regional tras años de concentración distributiva.