Orden JUI/80/2026, de 29 de enero, por la que se regula el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
¿Qué dice esta ley?
**Un órgano para que niños y adolescentes tengan voz en las decisiones públicas** Se crea un consejo estatal donde menores de edad pueden participar y dar su opinión sobre temas que los afectan: educación, salud, protección, ocio. No es una asociación de padres, sino un espacio donde los propios jóvenes —con apoyo institucional— ayudan a diseñar políticas públicas. **Afecta principalmente a niños y adolescentes, pero también a administraciones públicas y entidades sociales.** Los menores ganan un canal directo para influir en decisiones del Estado. Las administraciones tendrán que escuchar sus propuestas antes de legislar en materias que les conciernen. Las organizaciones que trabajan con infancia pueden participar en este consejo como colaboradores. **Concretamente, cambia cómo se hacen las leyes.** Ahora cualquier ministerio o comunidad autónoma que vaya a aprobar normas sobre infancia deberá consultar este consejo. Los adolescentes pueden proponer iniciativas, formar grupos temáticos y sus recomendaciones quedarán registradas públicamente. Es un mecanismo de rendición de cuentas (obligación de explicar las decisiones públicas). **Entra en vigor el 30 de enero de 2026.** El Consejo tiene seis meses desde esa fecha para constituirse completamente y empezar
💬 Contexto ciudadano
Antes de la entrada en vigor del Orden JUI/80/2026, no existía un órgano estatal que garantizara la participación directa de niños y adolescentes en la toma de decisiones públicas, a diferencia de algunas comunidades autónomas que ya habían implementado mecanismos similares. Esta norma establece un marco obligatorio para que los menores tengan voz en asuntos que les afectan, marcando una evolución hacia una participación más inclusiva y democrática. Su importancia radica en que transforma la forma de hacer política, obligando a las administraciones a escuchar a los jóvenes y promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad en la elaboración de normas.