Ley 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley aprobada el 5 de abril de 2019 que modifica la ley de caza de Extremadura de 2010 y la ley de tasas y precios públicos de la región. Se creó para actualizar la normativa de caza a las nuevas reglas de procedimiento administrativo, a cambios en la ley de patrimonio natural y biodiversidad, y para resolver problemas prácticos que surgieron con la normativa anterior. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las personas que cazan en Extremadura, a las sociedades locales de cazadores, a la Federación Extremeña de Caza, y a cualquiera que transité con perros por terrenos de caza. También afecta a quienes solicitan autorización para cazar o practican cetrería. **¿Qué cambia o establece?** La ley exige una superficie mínima de 400 hectáreas para crear cotos sociales (antes era menor). Crea una licencia única que vale para caza y pesca, con descuento de precios para menores de 30 años. Obliga a quienes llevan perros por terrenos de caza a hacerse responsables de ellos. Autoriza la caza de jabalí al salto como nueva modalidad. Establece que si la administración no responde en plazo a las solicitudes de aprobación de planes de caza, se consideran rechazadas. Modifica también las tasas que se deben pagar por licencias y permisos de cetrería.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 9/2019 de Extremadura actualiza su regulación cazadora de 2010 alineándola con los estándares del patrimonio natural estatal (Ley 42/1997) y los procedimientos administrativos vigentes. Aunque la caza es competencia autonómica, Extremadura se había rezagado respecto a otras CCAA que ya contemplaban mecanismos modernos como denegación tácita de licencias o licencias únicas multisector. La reforma beneficia especialmente a cazadores menores de 30 años mediante descuentos en tasas, fortalece la sostenibilidad exigiendo 400 hectáreas mínimas en cotos sociales, e introduce seguridad jurídica estableciendo vencimientos administrativos. Para el ciudadano común, particularmente propietarios rurales, es relevante la nueva responsabilidad civil sobre perros en terrenos cazadores, aspecto que evita conflictos derivados de daños accidentales.