Real Decreto 315/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la financiación de los gastos de funcionamiento de su actividad.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Real Decreto que autoriza dar dinero público directamente a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una asociación que representa a los gobiernos locales españoles. El dinero es para pagar los gastos que tiene la FEMP en su funcionamiento diario. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a la FEMP, que es quien recibe el dinero. También afecta indirectamente a los municipios y provincias que la FEMP representa, pues estos se benefician de que la organización tenga recursos para trabajar. El dinero sale del presupuesto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. **¿Qué cambia o establece?** Establece que se puede dar esta subvención sin hacer una convocatoria pública abierta a otros. El dinero debe usarse para fortalecer la organización de la FEMP, permitirle colaborar en desarrollar políticas europeas y españolas que afecten a los gobiernos locales, y realizar estudios e iniciativas de interés municipal. La subvención se formaliza mediante un convenio entre el Ministerio y la FEMP.
💬 Contexto ciudadano
La FEMP, como asociación que agrupaba municipios y provincias españoles, contaba con financiación desde 2006, pero el RD 315/2019 formaliza por primera vez una subvención directa sin convocatoria pública competitiva, diferenciándose de la práctica habitual en contratación estatal. Mientras la mayoría de CCAA carecen de mecanismos equivalentes de financiación directa a asociaciones locales, esta norma se alinea con excepciones previstas en la Directiva 2014/24/UE para entidades de interés público. El Gobierno la ha aprobado invocando la naturaleza cuasi-administrativa de FEMP y su papel en interlocución europeo; sin embargo, ha generado debate sobre aplicación del principio de publicidad y concurrencia en gasto público. Para el ciudadano importa porque determina transparencia en financiación de organizaciones que representan intereses municipales que le afectan, e influye en cómo se priorizan políticas urbanas y locales a nivel estatal.