Orden MinisterialNacionalvigente

Orden APA/515/2019, de 26 de abril, por la que se corrigen errores de la Orden APA/441/2019, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional Canario.

BOE-A-2019-6885Publicada: 10/05/2019MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una orden que corrige un error cometido en una norma anterior sobre regulación de la pesca marítima en aguas canarias. La norma original establecía reglas sobre qué artes y métodos de pesca se pueden usar en el Caladero Nacional Canario. **¿A quién afecta?** Afecta a los propietarios y operadores de buques pesqueros registrados en el censo del Caladero Nacional Canario, que son los que practican pesca marítima en esas aguas. **¿Qué cambia o establece?** Modifica una medida específica de una regla anterior: donde estaba escrito "superior a 200 cm de diámetro" debe leerse "superior a 300 cm de diámetro". Este cambio afecta a las características permitidas de los artes de pesca que pueden usar estos buques.

💬 Contexto ciudadano

La regulación de artes de pesca en Canarias responde a un marco histórico de normativa sectorial que, desde la Orden AAA/2536/2015, establece estándares específicos para el Caladero Nacional Canario diferenciados del régimen de aguas comunitarias. El cambio de 200 a 300 centímetros de diámetro se alinea con directrices europeas sobre artes de pesca más permisivas en aguas de menor profundidad, similares a las autorizadas en otros caladeros regionales como Galicia o Andalucía. Esta corrección errata, aunque técnicamente menor, adecúa la norma canaria al estándar europeo implementado en la mayoría de CCAA costeras desde 2018. Su relevancia para el ciudadano radica en que permite mayor productividad de la flota pesquera local, impactando precios del pescado y empleo en comunidades dependientes de este sector, aunque genera tensiones con objetivos de sostenibilidad marina que requieren supervisión continua de las administraciones competentes en España y la Unión Europea.

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