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Resolución de 1 de diciembre de 2025, de la Secretaría General de Transportes Aéreo y Marítimo, por la que se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.

BOE-A-2026-814Publicada: 14/01/2026Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

¿Qué dice esta ley?

**Qué es:** La autoridad responsable de transportes aéreos ha actualizado las normas de seguridad que todos los aeropuertos, aerolíneas y personal deben cumplir en España. Es como un manual de reglas para evitar riesgos en la aviación civil, que se revisa y mejora periódicamente. **A quién afecta:** Principalmente a aeropuertos, compañías aéreas, personal de seguridad y empleados aeroportuarios. También a viajeros indirectamente, pues estas medidas buscan garantizar vuelos más seguros. Las empresas de servicios aeroportuarios (handling, catering, mantenimiento) también deben adaptarse a estos requisitos. **Qué cambia:** La parte pública del programa incluye protocolos actualizados sobre cómo detectar amenazas, controlar accesos a zonas restringidas, entrenar al personal y responder ante incidentes. Los detalles específicos de seguridad sensible permanecen confidenciales (no se publican para proteger aeropuertos). Las empresas deberán revisar sus procedimientos internos para alinearse con estos nuevos estándares. **Cuándo entra en vigor:** Se aprobó el 1 de diciembre de 2025. Habitualmente estos programas tienen un plazo de implementación que las autoridades comunican

💬 Contexto ciudadano

Antes de la Resolución de 1 de diciembre de 2025, el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil estaba basado en normativas estatales y europeas vigentes, que, aunque establecían marcos generales, no siempre reflejaban las amenazas y tecnologías actuales. La actualización refleja una evolución hacia un sistema más adaptativo y específico, alineado con las mejores prácticas de la Unión Europea y las necesidades de las Comunidades Autónomas. Esto importa porque mejora la seguridad en el sector aéreo, responde a riesgos emergentes y asegura una coordinación más eficaz entre los distintos niveles de gobierno.

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