Resolución de 10 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 17 de noviembre de 2025, relativo a la acreditación de las situaciones de violencias sexuales.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un acuerdo entre administraciones públicas que establece cómo se documenta y certifica que una persona ha sufrido violencia sexual. Crea un procedimiento común en toda España para que las víctimas obtengan un reconocimiento oficial de lo ocurrido, necesario para acceder a ayudas, protección y servicios especializados. **A quién afecta** Principalmente a mujeres y personas que han sufrido violencia sexual. También a profesionales (policía, trabajadores sociales, sanitarios) que atienden a víctimas, y a las administraciones locales y autonómicas que gestionarán estas acreditaciones. Las ONG que apoyan a víctimas también participarán en el proceso. **Qué cambia** Hasta ahora, cada región podía acreditar la violencia sexual de forma diferente, generando desigualdades según dónde vivieras. Ahora existe un criterio unificado: las víctimas tendrán un documento oficial reconocido en toda España que facilita denuncias, acceso a casas de acogida, ayudas económicas, y protección. Se simplifica la burocracia para quien ya ha sufrido. **Cuándo entra en vigor** La Conferencia Sectorial aprobó el acuerdo el 17 de noviembre de 2025. Esta resolución lo publica oficialmente el 10 de diciembre de
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta norma, cada comunidad autónoma y el Estado tenían sistemas distintos para acreditar situaciones de violencia sexual, lo que generaba desigualdades y dificultades para las víctimas al moverse entre territorios. Esta resolución establece un marco común a nivel estatal, con el objetivo de garantizar un trato igualitario y una mejor protección para las víctimas, independientemente de su lugar de residencia. La unificación de criterios facilita el acceso a servicios, ayudas y protección, reduciendo barreras burocráticas y mejorando la coherencia entre las administraciones.