Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, por el que se dotan nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer, se crean Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.
¿Qué dice esta ley?
**El Ministerio Fiscal refuerza su capacidad contra la violencia de género y la que afecta a menores** El Gobierno destina recursos para que el Ministerio Fiscal tenga más fiscales especializados en violencia contra mujeres y crea por primera vez equipos dedicados exclusivamente a investigar delitos contra niños y adolescentes. Esto significa más gente cualificada atendiendo estos casos delicados. Afecta directamente a víctimas de violencia machista y menores que sufren abusos, que tendrán fiscales dedicados a sus casos. También impacta a abogados defensores y acusación, que trabajarán con estructuras renovadas. La administración de justicia se reorganiza internamente para priorizar estas áreas. Lo concreto: se crean nuevas plazas de fiscales en las Secciones de Violencia sobre la Mujer existentes y se establecen Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en juzgados. Esto reduce tiempos de respuesta y mejora la especialización en delitos que requieren investigadores con formación específica. Entra en vigor desde su publicación en junio de 2025, aunque los procesos de asignación de plazas se desarrollarán conforme a convocatorias internas del Ministerio Fiscal.
💬 Contexto ciudadano
Antes de este Real Decreto, las Secciones de Violencia sobre la Mujer ya existían en el sistema estatal y en algunas Comunidades Autónomas, pero no se contaba con una estructura uniforme ni con especialistas dedicados a la violencia contra la infancia y la adolescencia. La norma establece una comparativa entre el marco estatal y las CCAA, al dotar de nuevas plazas y crear nuevas secciones, lo que refleja una mayor coordinación y especialización en el ámbito nacional. Esto importa porque mejora la atención a víctimas vulnerables, fortalece la justicia en estos casos y establece un estándar más claro para las administraciones locales.