Real Decreto 915/2025, de 14 de octubre, por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de préstamos para el desarrollo industrial de programas especiales de modernización.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Gobierno puede conceder préstamos directamente a empresas para modernizar instalaciones y mejorar su competitividad industrial, sin pasar por los trámites habituales de licitación pública. Es una vía rápida para financiar proyectos de innovación y actualización tecnológica. **A quién afecta** Principalmente a empresas industriales que quieran acceder a financiación pública para modernizarse. También afecta a las administraciones autonómicas y locales que colaboren en estos programas, y indirectamente a los contribuyentes que financian estos préstamos con sus impuestos. **Qué cambia** Las empresas pueden solicitar dinero del Estado sin competir en una licitación abierta, agilizando el acceso a fondos para proyectos estratégicos de modernización. Se establecen criterios claros sobre quién puede acceder, el importe máximo, los plazos de devolución y las condiciones de interés. Esto facilita que pequeñas y medianas empresas inviertan en maquinaria nueva, procesos digitales o mejoras de eficiencia. **Cuándo entra en vigor** A partir del 14 de octubre de 2025. Las empresas podrán comenzar a presentar solicitudes conforme se publiquen las bases específicas de cada programa de modernización.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 915/2025 establece las normas generales para la concesión directa de préstamos reembolsables a empresas industriales para proyectos de modernización, creando un marco general de financiación que el Ministerio de Industria puede activar con carácter urgente para sectores en dificultad. La norma no se limita a sectores específicos, a diferencia de los RD 913/2025 y 914/2025 para defensa y aeronáutica. Comparado con el Kreditprogramm KfW alemán —que tiene dotaciones plurianuales y procedimientos de evaluación técnica transparente— o con el Fonds de Modernisation Industrielle francés, el instrumento español es más flexible pero menos predecible, dependiendo del volumen de dotaciones que cada ley de presupuestos le asigne. Esta discrecionalidad ministerial en la selección de beneficiarios ha sido señalada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como factor de riesgo para la neutralidad competitiva en los mercados industriales.