Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se regula el régimen retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y se crea la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una norma que regula cómo se pagan los investigadores funcionarios que trabajan en organismos públicos de investigación españoles. También establece una comisión encargada de evaluar el desempeño científico de estos investigadores. **¿A quién afecta?** A los investigadores funcionarios que trabajan en instituciones públicas de investigación como el CSIC, INTA, ISCIII, CIEMAT e INIA. Específicamente, a quienes ocupan las tres categorías científicas: Profesores de Investigación, Investigadores Científicos y Científicos Titulares. **¿Qué cambia o establece?** Establece que las tres categorías de investigadores reciban el mismo salario y tengan las mismas reglas de selección y promoción. Introduce pagos adicionales vinculados a la calidad de la investigación, como los que ya recibían investigadores del CSIC y profesores universitarios. Estos cambios tienen efecto desde el 1 de enero de 2018. La norma crea una comisión que evalúa el trabajo científico de estos investigadores de forma objetiva y transparente para determinar complementos salariales por méritos investigadores.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2019, los investigadores funcionarios en Organismos Públicos de Investigación estatales carecían de un marco retributivo homogéneo e incentivos objetivos por desempeño científico, a diferencia de profesores universitarios que ya disponían de complementos salariales por evaluación de actividad. Este decreto iguala salarios entre las tres escalas científicas e introduce complementos por mérito basado en evaluación transparente, alineándose con prácticas universitarias españolas y directivas europeas sobre carrera científica. Aunque solo aplica a nivel estatal, otras CCAA lo consideran precedente. Su importancia radica en profesionalizar la evaluación científica, mejorar competitividad internacional del talento investigador español y garantizar equidad retributiva en la administración pública de investigación.