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ResoluciónNacionalvigente

Corrección de errores de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias.

BOE-A-2019-9324Publicada: 21/06/2019COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una corrección oficial de errores que se encontraron en la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, publicada en 2019. La norma corrige dos puntos específicos del texto original que contenían referencias incorrectas. **¿A quién afecta?** Afecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos públicos de deporte, y a las entidades del sector deportivo canario que actúan conforme a esta ley. **¿Qué cambia o establece?** Se corrigen dos errores: primero, en el artículo 10 se cambia la referencia del artículo 30.20 del Estatuto de Autonomía al artículo 138, que es el correcto sobre competencias en deporte. Segundo, en el artículo 102 se actualiza la ley de protección de datos de carácter personal, sustituyendo la ley de 1999 por la de 2018 que está actualmente en vigor.

💬 Contexto ciudadano

Desde la entrada en vigor de la Ley 1/2019 canaria, una corrección técnica normalizaba referencias internas defectuosas que generaban incertidumbre competencial respecto al deporte regional. Mientras la mayoría de comunidades autónomas ya disponían de leyes deportivas actualizadas post-2018, Canarias debió corregir una remisión al Estatuto de Autonomía que adolecía de precisión técnica, alineándose al artículo 138 que clarifica sus potestades reales en la materia. La corrección simultánea sobre protección de datos, sustituyendo la norma preconstitucional de 1999 por la LORGPD de 2018, ha armonizado la ley canaria con el marco estatal y la exigencia del Reglamento General de Protección de Datos europeo, vigente desde 2018. Esta rectificación es relevante para ciudadanos y entidades deportivas porque disipa ambigüedades que podían lastrar decisiones administrativas en materia de competencias y garantiza que la normativa canaria opera bajo estándares actuales de privacidad, eliminando conflictos potenciales con administraciones que aplicaban ya la legislación actualizada.

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