Ley 13/2019, de 25 abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que establece instrumentos para reconocer el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición de los delitos de menores robados en Canarias. Busca esclarecer los hechos de menores que, a lo largo de la historia, fueron separados de sus familias biológicas y asignados a otras familias por razones económicas, sociales, políticas o ideológicas. **¿A quién afecta?** Afecta a las víctimas del robo de menores ocurrido en Canarias o fuera de la comunidad pero trasladados al territorio canario; incluye tanto a los menores robados como a sus madres biológicas y a las personas declaradas víctimas en procedimiento judicial. También obliga al Gobierno de Canarias, ayuntamientos, cabildos y sus entidades dependientes. **¿Qué cambia o establece?** Establece el derecho de acceso de las víctimas a la documentación en archivos y registros públicos. Obliga a los poderes públicos a realizar búsquedas de menores que pudieran haber sido víctimas. Crea un banco de ADN y una base de datos de víctimas. Establece una Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad. Las entidades públicas deben tramitar las peticiones de las víctimas con prontitud y facilitar el acceso a archivos y registros.
💬 Contexto ciudadano
# Contexto Comparativo - Ley 13/2019 Canarias El fenómeno de menores robados no era regulado específicamente en Canarias hasta 2019, aunque existían vacíos documentales y archivísticos que dificultaban la búsqueda de identidad de las víctimas. Esta ley se alinea con iniciativas similares en otras comunidades autónomas como Galicia y Castilla y León, que también legislaron sobre desapariciones forzadas de menores durante décadas, aunque Canarias presenta especificidad al enfocarse en el contexto económico y social insular. A nivel estatal, no existe una ley integral de reparación nacional específica para estos casos, dejando la competencia en autonomías. La normativa canaria cumple con estándares europeos de derechos de víctimas (Directiva 2012/29/UE), avanzando respecto a comunidades sin regulación. Su importancia radica en reconocer derechos fundamentales vulnerados (identidad, verdad, justicia), crear mecanismos prácticos de acceso a información y establecer responsabilidades públicas en reparación. Beneficia directamente a víctimas y familias en búsqueda de genealogía e identidad, consolidando un precedente para otras comunidades pendientes de legislación.