Corrección de errores en la STC 92/2018, de 17 de septiembre de 2018.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una corrección de errores publicada para arreglar un error que se detectó en una sentencia del Tribunal Constitucional (la número 92/2018). La sentencia original salió en el Boletín Oficial del Estado, pero tenía un error en uno de sus párrafos que necesitaba corregirse. **¿A quién afecta?** Afecta a cualquier persona o entidad que se base en esa sentencia del Tribunal Constitucional, especialmente en procedimientos judicales donde se aplique o cite la norma. Principalmente afecta a jueces, abogados y ciudadanos involucrados en procesos donde esta sentencia sea relevante. **¿Qué cambia o establece?** Cambia una palabra en la sentencia: donde antes decía que "el procedimiento deber ser acusatorio", ahora debe decir que "el procedimiento debe ser contradictorio", manteniendo el resto del párrafo igual (la garantía de igualdad de armas entre las partes). Es una corrección de redacción que afecta cómo se interpreta el requisito que debe cumplir un procedimiento judicial.
💬 Contexto ciudadano
La STC 92/2018 establecía requisitos constitucionales sobre garantías procedimentales en procesos judicales, desarrollando el derecho fundamental a la defensa consagrado en el artículo 24 CE. La corrección del término "acusatorio" por "contradictorio" reviste importancia sustancial porque precisa el estándar exigido: mientras que "acusatorio" describe un modelo de procedimiento específico (típico en materia penal), "contradictorio" constituye un principio transversal aplicable a todo tipo de procesos, alineándose con la jurisprudencia constitucional consolidada y las exigencias del artículo 6 CEDH. Esta rectificación vincula a todos los juzgados y tribunales españoles, independientemente de la comunidad autónoma, sin excepción normativa. Para el ciudadano, la corrección garantiza que el derecho a la igualdad de armas procesal —poder conocer y refutar argumentos de la parte contraria— se interprete uniforme y correctamente en cualquier procedimiento, fortaleciendo la seguridad jurídica y evitando vulneraciones de derechos fundamentales por defectos procedimentales.