Orden INT/765/2019, de 24 de junio, por la que se publica la sentencia de 30 de septiembre de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 64/2014.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden ministerial que publica una sentencia judicial firme de la Audiencia Nacional, dictada el 30 de septiembre de 2015. La sentencia anuló la Orden INT/77/2014 sobre el uniforme de la Guardia Civil, tras un recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). La sentencia quedó firme después de que el Tribunal Supremo desestimara un recurso de casación en mayo de 2018. **¿A quién afecta?** Afecta al Cuerpo de la Guardia Civil y a la regulación de su uniforme. La sentencia fue impulsada por la AUGC como representante de los guardias civiles que cuestionaban la orden anterior. **¿Qué cambia o establece?** Declara nula por ilegal la Orden INT/77/2014 que regulaba el uso general del uniforme de la Guardia Civil, dejándola sin efecto jurídico. Con esta declaración de nulidad, la orden que regulaba cómo debía usarse el uniforme cesa de ser obligatoria. Además, condena a la Administración al pago de los costes del procedimiento judicial.
💬 Contexto ciudadano
La Orden INT/765/2019 formaliza la nulidad de la regulación uniforme de 2014 tras confirmarse judicialmente sus vicios procedimentales, estableciendo un precedente de control jurisdiccional sobre normativa administrativa que afecta a derechos laborales. Antes existía la orden impugnada sin que otros cuerpos de seguridad (Policía Nacional, cuerpos autonómicos) enfrentaran contenciosos similares de envergadura, evidenciando deficiencias específicas en su tramitación. La sentencia, ahora firme tras desestimación en Tribunal Supremo, genera certeza jurídica para el colectivo de guardias civiles y marca límites a la discrecionalidad administrativa en regulaciones que impacten condiciones laborales, alineándose con principios de legalidad y participación sindical. Para el ciudadano importa porque refuerza garantías contra decisiones administrativas arbitrarias en servicios de seguridad del Estado, aunque la anulación deja sin regulación específica el uniforme, creando vacío normativo que debe cubrirse mediante nuevo procedimiento.